Progresividad en frío y desregulación 

La progresividad en frío: el impuesto silencioso que nadie vota

Hace unos días leía un artículo del investigador en economía pública Ignacio Flores que me dejó pensando durante varios días. A partir de sus reflexiones, y añadiendo mi propia visión desde el ámbito jurídico y fiscal, me gustaría compartir con los lectores un fenómeno que afecta directamente al bolsillo de millones de contribuyentes españoles y que, sin embargo, apenas se menciona en el debate público: la llamada progresividad en frío.

¿Qué es la progresividad en frío?

La progresividad en frío consiste, en esencia, en la falta de deflactación de los tramos del IRPF. Dicho de forma sencilla: cuando los salarios suben para compensar la inflación, pero los tramos del impuesto no se actualizan en la misma proporción, el contribuyente acaba pagando más impuestos sin haber ganado, en términos reales, ni un solo euro más. Su renta nominal crece, pero su renta real — su poder adquisitivo— permanece igual o incluso disminuye. El resultado es una subida de impuestos encubierta, que no pasa por el Parlamento ni aparece en ningún programa electoral. Conviene aquí hacer un pequeño paréntesis para quienes no estén familiarizados con la terminología tributaria. El IRPF es un impuesto directo, lo que significa que grava de forma inmediata la renta o el patrimonio de una persona física o jurídica, sin que exista margen de maniobra para el contribuyente. Esto lo diferencia de los impuestos indirectos, como el IVA, en los que la persona puede modular su carga fiscal decidiendo consumir más o menos. En el caso del IRPF, sencillamente, no hay escapatoria.

España, a la cabeza (por lo malo) en Europa

Según los datos cerrados de 2024, la falta de deflactación del IRPF explica nada menos que el 9,4% de la recaudación total de este impuesto en España. Si comparamos esta cifra dentro de la Unión Económica y Monetaria, solo Chipre — una economía considerablemente más pequeña que la española— supera este porcentaje. Este dato no es una opinión ni una interpretación interesada: procede de un estudio elaborado por más de veinte economistas de distintos países, titulado Fiscal drag in theory and in practice: a European perspective, publicado en la European Economic Review y difundido por el Banco de España en mayo de 2026.

No hablamos, por tanto, de cuatro o cinco analistas aislados, sino de un trabajo académico amplio y riguroso que compara la situación fiscal de los distintos países europeos frente a este fenómeno.

Y la conclusión, en lo que respecta a España, no es precisamente favorable. Frente al relato que en ocasiones se traslada a la opinión pública, los datos muestran que nuestro país se sitúa, junto a Malta, Chipre e Italia, en el grupo de economías que han aplicado las medidas deflactoras de menor alcance de toda la Unión Europea.

Lo más preocupante del análisis, sin embargo, no es solo la magnitud del fenómeno, sino su naturaleza. El propio estudio señala que las escasas medidas adoptadas en España para paliar este efecto han sido "discrecionales y diseñadas ad hoc", sin que exista una política previa y estructurada por parte de Hacienda dirigida a corregir este desajuste de forma sistemática.

El contraste con otros países europeos

El panorama cambia notablemente si miramos hacia países como Alemania, Austria —tierra de Hayek, de Schubert y del propio Mozart, autor de La flauta mágica—, Lituania o Luxemburgo. En estos países no solo se ha neutralizado el 100% del efecto inflacionista sobre la renta, sino que se han introducido deducciones adicionales que generan un alivio fiscal todavía mayor para el contribuyente.

En este sentido, especialistas como Josep Ramón Aixelá, responsable de macroeconomía y mercados financieros de la Barcelona Finance School y del Instituto de Estudios Financieros, señalan que son precisamente los contribuyentes de rentas medias y bajas los que resultan más vulnerables ante un cambio de tramo marginal en el IRPF. Es decir, el efecto de la progresividad en frío no golpea por igual a todos los niveles de renta: castiga con especial dureza a quienes menos margen tienen para absorber ese incremento silencioso de la presión fiscal.

Cifras que hablan por sí solas

Con estos datos sobre la mesa, se entiende mejor por qué el supuesto "crecimiento económico" del que tanto se habla no parece llegar a los hogares españoles. Un informe reciente del Consejo General de Economistas ilustra esta realidad con cifras muy concretas:

• Una renta bruta de 25.000 euros anuales paga 256 euros más al año.

• Una renta de 30.000 euros tributa 342 euros más al año.

• Una renta de 45.000 euros soporta un exceso de 525 euros anuales. Mientras tanto, la recaudación del Estado por IRPF continúa batiendo récords año tras año. Cabe entonces preguntarse: ¿vamos realmente bien?

Una reflexión sobre la libertad y la presión fiscal

Se supone que vivimos en una sociedad libre, ajena a cualquier forma de servidumbre. Y, sin embargo, resulta cuando menos llamativo que el Estado pueda decidir, de facto, cuántos días al año trabajamos "gratis" para sus arcas, simplemente dejando que la inflación erosione el valor real de los tramos del impuesto. Ya casi nadie discute que el ciudadano trabaje, genere ingresos, y que después la Administración disponga de una parte sustancial de ese esfuerzo sin que medie una decisión política explícita y transparente sobre ello.

Si tomamos en consideración el conjunto de impuestos y cotizaciones sociales que soporta un trabajador medio en España —conceptos jurídicamente distintos, pero que comparten un mismo efecto económico: reducir la renta disponible del trabajador—, los cálculos existentes sitúan en siete meses y veinte días al año el tiempo que un español medio dedica, en la práctica, a "trabajar para la Administración". Es una cifra que impacta, pero que conviene conocer y poner sobre la mesa del debate público, se compartan o no las conclusiones que de ella se extraigan.

Como dato histórico curioso, recordemos que el diezmo eclesiástico medieval, fijado en un 10% de la producción, provocó auténticas revueltas populares en su momento. Hoy, sin embargo, el contribuyente medio dedica más del 50% de su año económico a hacer frente a sus obligaciones tributarias, sin que ello genere, ni de lejos, la misma reacción social.

¿Recauda más el Estado cuanto más sube los impuestos?

Llegados a este punto, me permito lanzar una pregunta que creo pertinente: ¿es cierto que el Estado recauda más cuantos más obstáculos impone al empleo, a la creación de riqueza y a la actividad empresarial? ¿O es posible que, precisamente reduciendo esa presión fiscal y facilitando la creación de empleo, la inversión y el emprendimiento, el resultado final sea una mayor recaudación, unida además a una administración más eficiente de los recursos públicos? ¿No estamos, quizás, ante un caso que reclama una revisión seria del actual modelo de presión fiscal y regulatoria sobre la economía?

Veamos dos ejemplos que arrojan algo de luz sobre esta cuestión.

El caso de Canadá. En el año 2000, Canadá puso en marcha una reforma fiscal que incluía reducciones significativas de impuestos, tanto para personas físicas como para personas jurídicas, con el objetivo de dinamizar la actividad económica y estimular la inversión. Los resultados fueron notables: se registró un aumento considerable de la inversión, especialmente en los sectores tecnológico y energético, además de una mayor entrada de capital extranjero y un impulso claro a la creación de empleo.

El caso de Andalucía. Más cerca, en 2019, la Comunidad Autónoma de Andalucía aprobó el Decreto-ley 1/2019, publicado en el BOJA, que redujo de forma notable la carga impositiva autonómica. Lejos de traducirse en una caída de ingresos, esta rebaja fiscal vino acompañada de un incremento de la recaudación de en torno al 7%. Y no fue un hecho aislado: según datos de la propia Junta de Andalucía, pese a haber rebajado los impuestos en seis ocasiones desde 2019, la recaudación tributaria autonómica aumentó un 18,6% entre 2019 y 2023.

Una conclusión abierta

Estos ejemplos no agotan, ni mucho menos, el debate sobre fiscalidad, crecimiento económico y creación de empleo. Pero sí invitan, cuando menos, a cuestionar algunos automatismos que se dan por buenos sin mayor análisis. La progresividad en frío es, en este sentido, un buen punto de partida: un fenómeno técnico, poco visible, pero con un impacto muy real en la renta disponible de millones de familias españolas, y que merece un lugar mucho más destacado en el debate fiscal y político de nuestro país.

Jesús de Castro